Nota propia · Complementa el informe del ITAE-TDF
Cinco casos comparables con Tierra del Fuego, por qué terminaron como terminaron, y qué obligan a corregir del diagnóstico propio. La selección de casos, las comparaciones y las conclusiones son mías.
Tierra del Fuego suele discutirse como un caso único: la ley 19.640, el fin del mundo, la electrónica. El problema de fondo, en cambio, ocurrió varias veces y está documentado. Se trata de una región periférica cuya base productiva existe por una decisión fiscal y que enfrenta el retiro de esa decisión. En algunos de estos casos hace treinta años que se estudian los resultados.
Elegí los cinco por criterios distintos. Puerto Rico porque es lo más parecido a un experimento controlado del mismo tratamiento. Manaos porque es el gemelo explícito, citado en la propia normativa argentina. Terranova porque muestra qué le pasa a una región remota que pierde su base de golpe. Magallanes porque está en la misma isla y apostó al revés. Shannon porque es el caso que funcionó y permite aislar qué lo diferenció.
En cada caso traté de responder qué era el régimen, por qué se decidió lo que se decidió, y qué pasó después. La segunda es la que más me costó y la que más aporta, porque la discusión fueguina tiende a tratar las decisiones nacionales como si fueran arbitrarias. En los cinco casos hay razones identificables, y varias de ellas están operando también acá.
Al final agrego dos cosas: la mejor evidencia empírica disponible sobre qué les pasa a los trabajadores industriales desplazados, y una reconstrucción de los quiebres de la serie fueguina con las medidas que los explican.
Puerto Rico Régimen: Sección 936 Beneficio: exención de Ganancias corporativas Eliminación: 1996–2006
La Sección 936 fue la formalización, en 1976, de un esquema anterior: la Sección 931 y el programa de industrialización conocido como Operación Manos a la Obra, lanzado a fines de los años cuarenta. La idea era la misma que la de la 19.640 y la de Manaos: atraer industria a un territorio periférico ofreciendo un tratamiento impositivo que el resto del país no tenía. Funcionó durante décadas y construyó un entramado de farmacéutica, dispositivos médicos y electrónica, con salarios altos para el estándar local.
Esta es la parte que más sirve para leer lo que está pasando en Argentina, porque los argumentos son casi los mismos.
A comienzos de los noventa el régimen empezó a discutirse como transferencia a empresas antes que como política de desarrollo. Un estudio del Senado estadounidense encontró que el beneficio impositivo por puesto en la farmacéutica llegaba a unos USD 70.000 anuales, y otra estimación lo ubicó en USD 81.483, equivalentes a USD 3,08 de beneficio fiscal por cada USD 1 de salario pagado.
Un laboratorio desarrollaba una droga en sus centros de investigación continentales y transfería la patente a una filial propia radicada en Puerto Rico. La ganancia atribuida a la isla no correspondía a actividad realizada ahí, sino a la localización contable de un intangible. El Tesoro terminó viendo al régimen como un mecanismo de elusión con empleo local como subproducto.
Puerto Rico no tiene voto en el Congreso de Estados Unidos. El régimen tenía beneficiarios corporativos con capacidad de lobby y no tenía una bancada territorial obligada a defenderlo. Cuando el cálculo pasó a ser presupuestario, no hubo quién pusiera un costo político del otro lado.
El NAFTA, vigente desde 1994, abrió a México como alternativa de manufactura más barata dentro del mismo mercado. Al mismo tiempo Irlanda competía por la misma inversión farmacéutica con una alícuota del 10% sobre manufactura. Puerto Rico dejó de ser la única puerta de entrada barata al mercado estadounidense.
Hay un detalle del desenlace que conviene registrar. La mayoría de las empresas beneficiarias no se quedó pagando impuestos: se fue de la isla o se reorganizó como sociedad extranjera controlada, difiriendo el pago y sin aportar recaudación al Tesoro. El régimen se eliminó para recuperar recaudación y buena parte de esa recaudación tampoco apareció.
Los llamados fondos 936 eran depósitos que las empresas beneficiarias mantenían en bancos puertorriqueños como condición del beneficio, y esos depósitos financiaban crédito barato para empresas locales e hipotecas. Al desaparecer el régimen desaparecieron los fondos, y con ellos una fuente de financiamiento que no tenía relación aparente con la industria. Eso contribuyó a la crisis de deuda posterior.
Según el diagnóstico de Fundar, el subrégimen industrial fueguino tiene un costo fiscal de USD 1.070 millones anuales, equivalentes al 0,22% del PBI nacional. Cifras del Ministerio de Economía citadas en prensa hablan de USD 1.600 millones anuales para sostener unos 8.500 puestos.
El indicador que resultó políticamente letal para la Sección 936 arroja en Tierra del Fuego un valor dos veces mayor. Cualquier defensa del régimen que no tenga una respuesta para ese número está discutiendo otra cosa, y la respuesta no puede ser el empleo, porque el número está construido justamente sobre el empleo.
La diferencia que juega a favor de Tierra del Fuego es la representación. Puerto Rico no tenía voto en el Congreso. Tierra del Fuego tiene tres senadores y cinco diputados, y esa es una de las razones por las que el régimen sobrevivió medio siglo y por las que el conflicto de 2025 y 2026 se dio en el terreno del decreto y no en el de la ley. Es un activo real y conviene ver que se usó, hasta ahora, para prorrogar y no para reformar.
Un desmantelamiento anunciado con diez años de anticipación, en una economía cuyos habitantes son ciudadanos estadounidenses y pueden trabajar en el continente sin ningún trámite, produjo un colapso industrial y no una transición. La gradualidad ayuda y no alcanza por sí sola. Conviene además buscar cuáles son los equivalentes fueguinos de los fondos 936: el financiamiento del empleo público vía ingresos brutos es la candidata evidente.
Manaos, Amazonas Creación: 1967 Alcance: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima y parte de Amapá Vigencia: hasta 2073
La Zona Franca de Manaos se creó en 1967, cinco años antes que la ley 19.640, con la misma lógica: poblar una región remota y estratégica mediante un régimen fiscal que atrajera industria. El paralelo está en la propia normativa argentina, porque el Decreto 727/2021 condiciona la extensión del régimen fueguino a 2053 a que Brasil mantenga el régimen de Manaos.
Escribí que Brasil constitucionalizó su zona franca en 2014. Verificándolo encontré que está en la Constitución desde 1988. El artículo 40 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias la mantuvo por veinticinco años desde la promulgación, es decir hasta 2013. La Enmienda Constitucional 42, de 2003, agregó el artículo 92 y sumó diez años más, hasta 2023. La Enmienda Constitucional 83, de agosto de 2014, la extendió hasta 2073. Son tres instrumentos constitucionales sucesivos a lo largo de treinta y seis años. La corrección refuerza el argumento en lugar de debilitarlo.
La comparación de fondo es entre dos tradiciones distintas de cómo se fija un régimen de este tipo, más que entre un decreto argentino y una enmienda brasileña puntual. Brasil lo trató desde el retorno democrático como materia constitucional. Argentina lo trató siempre como materia de decreto.
Manaos tiene además un argumento ambiental que le consigue aliados fuera de su provincia. La zona franca se defiende en Brasil como alternativa económica a la deforestación: da empleo industrial urbano en el corazón de la Amazonia y reduce la presión sobre la frontera agropecuaria. Ese argumento le da una coalición que excede a los beneficiarios directos, incluye al ambientalismo y tiene resonancia internacional. El régimen fueguino tiene un argumento geopolítico de soberanía, que fue potente en 1972 y hoy convence menos, sobre todo después de que la población pasara de unos 13.000 habitantes a 190.775 y el objetivo declarado quedara cumplido.
Y la escala protege. Un polo de 132.000 empleos directos y unos 400.000 indirectos tiene un peso político que uno de 6.451 no tiene, y esa diferencia se retroalimenta con las dos anteriores.
| Manaos, 2024 | Tierra del Fuego, 2026 | |
|---|---|---|
| Empleo industrial directo | 132.000 | 6.451 |
| Empleo indirecto asociado | ~400.000 | sin dato |
| Empresas en el régimen | ~600 | 39 establecimientos, agosto de 2024 |
| Facturación anual | USD 40.000 millones | sin dato comparable |
| Vencimiento original | 2023 | 2023 |
| Vigencia tras la prórroga | 2073 | 2038, condicional a 2053 |
| Instrumento | Constitución de 1988 y dos enmiendas | Decreto 727/2021 |
Las últimas tres filas son, para mí, lo más importante de todo este documento, y se entienden mejor con el dato que hace la comparación casi exacta: los dos regímenes vencían en 2023.
Nueve años de anticipación y cuatro de trámite parlamentario le compraron a Brasil cincuenta años de horizonte. Dos años de anticipación y una firma le compraron a Argentina quince. Y los quince duraron cuatro: entre 2025 y 2026 un decreto y una resolución vaciaron buena parte del subrégimen, sin que el Congreso tratara el tema.
Esto conecta con lo que Romano, Kataishi y Durán señalaron en 2018 al relevar las más de 2.400 normas del régimen: la ley 19.640 funciona como marco general y son los decretos los que le dan contenido. Cuando el contenido está en decretos, el régimen se puede vaciar sin tocar la ley y sin debate parlamentario. Brasil eligió un instrumento que hace costoso el cambio y Argentina eligió uno que lo hace barato.
La extensión fueguina a 2053 quedó condicionada a que Brasil mantenga Manaos. Leído hoy, eso significa que Argentina ató parte del horizonte de su propio régimen a una decisión de política brasileña sobre la que no tiene ninguna influencia. Dado que Manaos está garantizada hasta 2073 por enmienda constitucional, la condición se cumple con holgura y el problema fueguino no era ese. La condición sugiere que en 2021 se pensaba el riesgo del régimen como externo, cuando terminó siendo enteramente doméstico.
Las diferencias que no hay que ignorar. Manaos opera sobre un mercado interno mucho mayor, tiene un orden de magnitud más de empresas, y diversificó dentro del propio polo hacia motocicletas y bienes con más integración local que el ensamble de electrónica de consumo. No le atribuyo toda la distancia entre 132.000 y 6.451 al diseño jurídico. Lo que sí se desprende es que el instrumento determinó cuán fácil fue desarmar cada uno.
Magallanes, Chile Régimen: Zona Franca de Punta Arenas Creación: 1977, Decreto Ley 1055 Distancia: la misma isla
Es la comparación más obvia y la que me faltaba. Magallanes está en la misma latitud, con el mismo aislamiento y el mismo viento, y tiene zona franca desde 1977, cinco años después de la ley 19.640.
| Magallanes | Tierra del Fuego | |
|---|---|---|
| Instrumento | Zona Franca de Punta Arenas, 1977 | Ley 19.640, 1972 |
| Empleo directo del régimen | ~2.700 | 6.451 |
| Orientación | Comercial, logística y turismo de compras | Manufactura para el mercado interno protegido |
| Peso en la economía regional | Una pata de varias | La base |
| Base productiva | Hidrocarburos, salmonicultura, ganadería, pesca industrial y artesanal, turismo | Electrónica |
La diferencia decisiva está en las dos últimas filas. La zona franca chilena funcionó siempre como una pieza de una plataforma diversificada, y nunca como la economía de Magallanes. El régimen fueguino sí fue la economía, y por eso su retiro deja un hueco que la provincia no puede llenar con nada de lo que ya tiene.
En el documento de reconversión traté las energías renovables como un puente: mucho empleo durante dos o tres años de construcción y casi nada en la operación. Sigo pensando que el perfil temporal del empleo es ese. Lo que subestimé es la escala de lo que está pasando del otro lado del estrecho, con el mismo recurso eólico.
Magallanes tiene cuatro proyectos anunciados de hidrógeno verde por más de USD 15.000 millones, con más de 10.000 MW de electrólisis y más de 13.000 MW de generación. El mayor, H2 Magallanes, de Total Eren, prevé hasta 10 GW eólicos y 8 GW de electrólisis con planta desalinizadora y planta de amoníaco.
Por qué del lado chileno hay quince mil millones de dólares anunciados y del argentino no. La respuesta no puede ser el viento, que es el mismo. Las diferencias que sí encuentro son tres: Chile puso el hidrógeno en una estrategia nacional con un programa regional específico para Magallanes; tiene puertos con capacidad de exportación; y ofrece un marco regulatorio y cambiario que los proyectos de veinte años pueden anticipar.
Es la misma lección de Shannon, y esta vez con el ejemplo pegado: el régimen local funciona cuando apunta en la misma dirección que la política nacional. Chile decidió ser exportador de hidrógeno y Magallanes es dónde se hace. Argentina no tomó una decisión equivalente, y Tierra del Fuego no puede tomarla sola.
En junio de 2021 la Legislatura fueguina sancionó por unanimidad la Ley provincial 1355, que prohibió el cultivo de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia y convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en prohibir la salmonicultura marina por ley. En diciembre de 2025, por ocho votos contra siete, la misma Legislatura la reemplazó por una ley de acuicultura que habilita la actividad con excepción del Canal Beagle, con proyectos anunciados por hasta USD 600 millones. Organizaciones ambientales lo calificaron como un retroceso.
No voy a adjudicar la discusión ambiental, que excede lo que puedo evaluar. Lo analíticamente relevante son tres cosas.
Terranova y Labrador Base: pesca de bacalao Shock: moratoria de julio de 1992 Reemplazo: petróleo offshore desde 1995
La explicación importa porque el mecanismo se parece bastante a lo que pasó en Tierra del Fuego, aunque el objeto sea distinto.
La decisión de sostener el empleo en el corto plazo destruyó el recurso que lo sostenía. La biomasa reproductiva pasó de 1,6 millones de toneladas en 1962 a entre 72.000 y 110.000 en 1992, una caída del 93%. El empleo que se quiso proteger se perdió igual, todo junto, y sin transición.
El gobierno federal desplegó programas de asistencia y recalificación desde el primer año. El desempleo se instaló en más del doble del promedio canadiense. La recuperación llegó recién con un sector exógeno a esos programas: el petróleo offshore, con la plataforma Hibernia entrando en producción en 1995.
Ese reemplazo tampoco fue automático. El Acuerdo del Atlántico de 1985, entre el gobierno federal y el provincial, le reconoció a Terranova derechos sobre los ingresos del recurso offshore. Sin ese acuerdo previo, el petróleo habría aparecido igual y la provincia habría capturado bastante menos.
El reemplazo terminó siendo mayor que la base perdida. El offshore explicó en promedio el 23,3% del producto provincial nominal entre 2018 y 2024, con un máximo del 35% en 2007, y alrededor del 25% del producto nominal en las dos últimas décadas. Medido a precios constantes la participación es menor, 14% en 2023, porque buena parte de esos picos responde al precio internacional del crudo.
El paralelo del mecanismo. En Terranova, mantener las cuotas para no perder empleo destruyó el stock. En Tierra del Fuego, prorrogar el régimen para no perder empleo pospuso durante cinco décadas la construcción de capacidades que habrían permitido sostener ese empleo sin el régimen. En los dos casos, la decisión políticamente barata de cada momento consumió la base del período siguiente.
El paralelo del reemplazo. Terranova no se recuperó reconvirtiendo pescadores. La pregunta útil para Tierra del Fuego es cuál es su Hibernia, y los candidatos plausibles están en el mar y en la posición geográfica antes que en las plantas existentes. El Acuerdo del Atlántico sugiere además que conviene tener resuelto el reparto de rentas antes de que el recurso aparezca.
Propuse capacitación con sostén de ingreso, obra pública y sostenimiento del empleo en planta como medidas de transición. Terranova hizo eso, con recursos de un Estado federal rico, y el resultado fue emigración masiva y desempleo estructural. Lo que terminó reemplazando a la base perdida fue un recurso natural que estaba ahí por geología y que ninguna política de transición podía haber generado.
Terranova perdió 30.000 puestos, el 12% de su fuerza laboral provincial, en un solo día. Tierra del Fuego perdió 7.344 puestos del subrégimen industrial contra el promedio de 2015, de los cuales 2.410 entre diciembre y mayo. Contra los 40.808 asalariados privados registrados que la provincia tenía en promedio en 2015, esos 7.344 son el 18%.
Ese 18% y el 12% de Terranova se calculan sobre denominadores distintos: el canadiense incluye empleo público y cuentapropismo, y el mío solo abarca asalariados privados registrados. Sobre la fuerza laboral fueguina completa, que con el peso del empleo público provincial es bastante mayor, la proporción cae. Lo que sí se puede afirmar es que el shock fueguino está en el mismo orden de magnitud que el de Terranova y que se repartió a lo largo de una década en lugar de concentrarse en un anuncio.
El subrégimen industrial promovido tenía 6.451 puestos en mayo de 2026. La industria manufacturera completa de la provincia, letra D del panel SIPA, tenía 10.216 en el tercer trimestre de 2025 contra 14.040 en promedio en 2015, una caída de 3.824 puestos o 27,2%. La diferencia entre ese −27,2% y la caída del subrégimen se explica porque el grueso del ajuste ocurrió después del tercer trimestre de 2025, que es hasta donde llega la serie trimestral.
Shannon, Irlanda Creación: enero de 1959 Beneficio: 25 años sin Ganancias Condición: orientación exportadora
El motivo original tiene un aire de familia con el fueguino. El aeropuerto de Shannon había sido escala obligada de los vuelos transatlánticos, y los aviones a reacción con más autonomía lo estaban dejando obsoleto. La zona franca fue una respuesta a una región periférica que perdía su razón de ser.
Irlanda había sostenido desde los años treinta un modelo proteccionista de sustitución de importaciones, y a fines de los cincuenta ese modelo estaba agotado: estancamiento y emigración masiva. En 1958 T. K. Whitaker, secretario del Departamento de Finanzas, publicó Economic Development, el informe que propuso abandonar el proteccionismo y pasar a un modelo de crecimiento orientado a la exportación con inversión extranjera. Seán Lemass, ministro de Industria y Comercio y luego primer ministro, condujo el giro.
La compañía de desarrollo de Shannon se creó en enero de 1959, meses después del informe Whitaker. Shannon fue el piloto de un cambio de estrategia nacional, y no una zona franca aislada. La zona y el país apuntaban en la misma dirección.
Lo que vino después reforzó esa dirección: el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1973 le dio a la producción irlandesa acceso al mercado europeo, y la alícuota reducida del 10% sobre manufactura sostuvo el atractivo hasta que la presión comunitaria obligó a unificarla en el 12,5% general que Irlanda mantiene.
Shannon pasó del ensamblado a la electrónica y la informática, y de ahí a servicios internacionalmente transables: software, telecomunicaciones, servicios financieros y de seguros, centros de contacto. Hoy reúne más de 170 empresas y más de 8.000 empleos.
La orientación del mercado. Las empresas de Shannon tuvieron que competir contra productores internacionales desde el primer día, porque su beneficio dependía de exportar. Las empresas fueguinas nunca compitieron contra nadie: su beneficio dependía de vender en un mercado interno donde el competidor importado pagaba arancel.
El régimen fueguino fue un instrumento de sustitución de importaciones dentro de un país que hacía sustitución de importaciones. Mientras esa fue la política nacional, el régimen y el país apuntaban en la misma dirección. Cuando Argentina giró hacia la apertura, el régimen quedó huérfano: es una herramienta de un modelo que el país dejó de aplicar.
Eso explica por qué reclamar la restitución del arancel es más difícil de lo que parece. No se está pidiendo corregir una medida puntual, sino una excepción a la orientación general de la política económica. Shannon muestra el camino inverso y más prometedor: alinear el régimen con la dirección del país, usando lo que sobrevive de la 19.640 como zona franca orientada a exportación y a servicio especializado. Ese camino tiene por lo menos un precedente que funcionó durante sesenta años.
Los cinco casos anteriores son historias regionales. Existe además evidencia sistemática sobre qué le ocurre a un trabajador industrial que pierde el empleo por un shock comercial, y es la parte que más contradice el tono de los documentos de política, incluidos los míos.
David Autor, David Dorn y Gordon Hanson estudiaron el efecto de la competencia importada china sobre los mercados de trabajo locales de Estados Unidos entre 1997 y 2011, y luego la persistencia de esos efectos.
El modelo estándar supone que el trabajador desplazado se muda o cambia de sector porque el salario se ajusta y las señales de precios lo reasignan. Lo que se observa es que la caída de la demanda de trabajo local deprime todo el mercado de la zona a la vez, con lo cual cambiar de sector dentro de la misma región no mejora la situación, y mudarse tiene costos que solo compensan a los más jóvenes. Los mayores, con vivienda propia, familia asentada y calificación específica, prefieren esperar. Esa espera se convierte estadísticamente en salida de la fuerza laboral.
En el documento de reconversión escribí que la formación con sostén de ingreso, la obra pública y el sostenimiento del empleo en planta funcionan como medidas de transición hacia sectores que absorban. La evidencia dice que los mecanismos de ajuste dominantes son la salida del mercado de trabajo y la emigración de los jóvenes, y que la reasignación sectorial es marginal. Eso no invalida las medidas, pero cambia qué se puede esperar de ellas: sirven para amortiguar y para retener población, y no para recolocar a la mayoría de los desplazados en actividades nuevas.
Y agrega un argumento a favor de una de mis conclusiones. Si el mecanismo dominante es la salida del mercado laboral de los mayores y la emigración de los jóvenes, entonces la prioridad de retener la mano de obra calificada deja de ser una consideración secundaria y pasa a ser la restricción principal: es el activo que se pierde primero y el que ninguna política posterior puede recuperar.
Los casos anteriores describen shocks con una fecha clara. La serie fueguina tiene varios quiebres y conviene fecharlos con la medida que los produjo, porque de otro modo el diagnóstico se vuelve una discusión sobre intenciones.
Variación interanual del ITAE-TDF · enero 2022 a marzo 2026
La industria manufacturera cayó 40,7% en volumen entre 2015 y 2024, y el tramo inicial corresponde a una apertura gradual acompañada de una economía nacional en recesión durante buena parte del período. La crisis cambiaria de 2018 comprimió el ingreso disponible y con él la demanda de bienes durables, que es todo lo que Tierra del Fuego produce para el mercado interno.
Este es el tramo que más se malinterpreta. El ITAE, en base 2022-2023 = 100, recorre 79,5 en 2020, 89,1 en 2021, 99,8 en 2022 y 100,2 en 2023. La explicación de esa recuperación no está en ninguna mejora de competitividad.
Tres medidas coincidieron. La Ley 27.591, de presupuesto 2021, restituyó los impuestos internos a la electrónica en 17% con una alícuota diferencial de 6,55% para los bienes fueguinos, es decir, reconstruyó la cuña. El control de cambios y el régimen de licencias de importación restringieron el ingreso de producto terminado. Y el Decreto 727/2021 prorrogó el subrégimen hasta 2038, despejando la incertidumbre de vencimiento.
En 2022 el empleo directo de la industria promovida promedió 11.446 puestos, 4% arriba de 2021 y 38% arriba de 2019. Fue el mejor momento del sector en años, y lo produjeron restricciones a la competencia y no ganancias de productividad. Ese es el dato que conviene tener presente cuando se discute qué pasa si las restricciones se levantan.
La devaluación de diciembre de 2023 y la caída del salario real que siguió comprimieron el consumo de durables. El ITAE promedió 84,2 en 2024 contra 100,2 en 2023, una caída de 16 puntos. En este tramo todavía no hay cambio de régimen arancelario, así que la caída es de demanda. En 2025 el índice promedia 86,4: rebota apenas y se queda muy por debajo de 2023.
| Instrumento | Antes | Después |
|---|---|---|
| Derecho de importación extrazona, celulares | 16% | 8% desde mayo de 2025 |
| Derecho de importación extrazona, celulares | 8% | 0% desde el 15 de enero de 2026 |
| Impuesto interno: celulares, televisores, monitores y aires acondicionados | 19% | 9,5% |
| Arancel, consolas de videojuegos | 35% | 20% |
| Tasa para esos bienes fabricados en Tierra del Fuego bajo la 19.640 | — | 0% |
El primer escalón redujo la cuña a la mitad y no redujo el empleo de inmediato. Esa demora es normal: el stock en cadena comercial y los contratos vigentes amortiguan el primer trimestre.
Desde el 15 de enero de 2026 el derecho de importación para celulares pasó de 8% a 0%. Ahí se termina la cuña arancelaria para el producto principal del polo. Los indicadores directos responden de inmediato:
El ITAE desestacionalizado baja de 82,4 en agosto de 2025 a 79,7 en octubre, y desde ahí se queda prácticamente quieto: 79,9 en noviembre, 79,3 en diciembre, 79,1 en enero de 2026 y 79,0 en febrero y marzo. El escalón de nivel en la serie ajustada ocurrió en septiembre y octubre de 2025, antes del segundo tramo arancelario.
Hay dos lecturas posibles y no puedo elegir entre ellas con los datos que tengo. Una es que el ajuste estacional esté absorbiendo como estacionalidad parte de una caída real, porque enero y febrero son de por sí meses de parate en la industria fueguina. La otra es que el nivel se haya reacomodado en el último trimestre de 2025 y que enero de 2026 profundice la caída solo en la comparación interanual.
Al problema se suma que la cobertura del índice cae del 87% al 61% en septiembre de 2025 y al 46% en 2026, porque el panel de empleo registrado termina en el tercer trimestre. El cambio de cobertura coincide en el tiempo con el escalón de nivel, y eso me impide separar los dos efectos. Por eso fecho el quiebre con el empleo del subrégimen y el consumo eléctrico por ciudad, que se miden directamente.
Conviene registrar que el mismo decreto fija vigencia hasta el 31 de diciembre de 2038, la misma fecha del Decreto 727/2021. Formalmente el régimen sigue en pie hasta 2038. Lo que se retiró es el instrumento que lo hacía rentable.
La resolución llevó a cero el aporte de las empresas beneficiarias al FAMP-Fueguina, el fondo de diversificación productiva creado en 2021 y reglamentado por el Decreto 111/2025. La provincia perdió su instrumento de financiamiento de la reconversión en el mismo momento en que pasó a necesitarlo.
La escala de la electrónica global. Una planta fueguina ensambla kits diseñados y producidos afuera. Compite contra cadenas integradas que concentran diseño, componentes y ensamble en un radio corto y con volúmenes de otro orden. La brecha de costos que el arancel compensaba venía de una diferencia de sistema productivo antes que de eficiencia de planta. Estimaciones de prensa ubican el precio de productos ensamblados en Tierra del Fuego hasta 60% por encima del de otros países, y aunque el número habría que verificarlo en fuente primaria, el orden de magnitud es consistente con la eliminación completa de la cuña.
La maduración del mercado de celulares. El producto principal del polo es un bien cuyo ciclo de reposición se alargó y cuyo mercado dejó de crecer como en la década pasada. Un régimen cuya rentabilidad dependía del volumen de un solo producto quedó expuesto a la madurez de ese producto, además de a la política arancelaria.
| Caso | Instrumento | Resultado | Qué aporta al diagnóstico fueguino |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Eliminación gradual legislada, diez años | Colapso industrial y recesión | La gradualidad no evita el ajuste, y el costo fiscal por puesto es el argumento que mata estos regímenes |
| Manaos | Constitución desde 1988, dos enmiendas | Régimen intacto y creciendo | El instrumento jurídico determina cuán fácil es vaciarlo |
| Magallanes | Zona franca comercial dentro de una base diversificada | Pleno empleo e inversión energética | La zona franca funciona como complemento y falla como base única |
| Terranova | Asistencia y recalificación federal | Emigración y desempleo estructural | Sostener el empleo hoy puede destruir su base, y el reemplazo suele ser exógeno |
| Shannon | Exención atada a exportar, dentro de un giro nacional | Ascenso a servicios transables | La zona funciona cuando apunta en la misma dirección que el país |
Brasil trató su zona franca como materia constitucional desde 1988 y la extendió dos veces por enmienda. Argentina la trató siempre como materia de decreto. No le atribuyo a eso toda la distancia entre 132.000 empleos y 6.451, porque la escala y el mercado interno también juegan, pero sí explica por qué uno se pudo desarmar con una firma.
Es el argumento que eliminó la Sección 936 con valores de USD 70.000 a 81.000 por puesto, y en Tierra del Fuego el mismo indicador está entre USD 166.000 y 188.000. Una defensa del régimen que no tenga respuesta para ese número va a perder, y la respuesta no puede ser el empleo, porque el número está construido justamente sobre el empleo.
Puerto Rico tuvo diez años de aviso y perdió entre 40% y 51% del empleo manufacturero igual. El argumento fueguino de que el problema fue la abruptez del Decreto 333/2025 es parcialmente cierto y no debería ser el eje del reclamo, sobre todo porque el decreto sí tuvo dos escalones, mayo de 2025 y enero de 2026.
Terranova se recuperó porque tenía petróleo offshore. La pregunta útil para Tierra del Fuego es qué recurso propio puede cumplir ese papel, y los candidatos son el mar y la posición geográfica antes que las plantas existentes. El Acuerdo del Atlántico de 1985 sugiere además que conviene tener acordado el reparto de rentas antes de que el recurso aparezca.
El beneficio de Shannon exigía exportar y era el piloto de un giro nacional hacia la exportación. El fueguino nunca exigió exportar y era una pieza de un modelo que el país abandonó. Lo que sobrevive de la 19.640 permite intentar el modelo de Shannon; lo que se perdió era el modelo opuesto.
Cualquier política que se mida por cuántos trabajadores industriales terminan recolocados en actividades nuevas va a dar un resultado pobre, porque ese canal explica una fracción menor del ajuste. El indicador relevante es la población que se queda.
Ordené los caminos por capacidad de absorción suponiendo que los trabajadores se recolocan en los sectores que crecen. La evidencia de Autor, Dorn y Hanson dice que eso ocurre poco. Ya lo incorporé como sección 3 del documento de reconversión, planteando dos objetivos separados: retener población y construir base productiva nueva, que no necesariamente se resuelven con las mismas personas.
Argumenté que el régimen falló porque el beneficio no tenía contraprestación. Es correcto y le faltaba la mitad: también falló porque quedó escrito en un instrumento que se podía vaciar sin discusión parlamentaria.
En la primera versión de este documento presenté la Enmienda Constitucional 83 como el momento en que Brasil puso a Manaos en la Constitución. En realidad la zona franca está en el Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias desde 1988 y fue extendida por enmienda en 2003 y en 2014.
Es el eje de la discusión nacional sobre el régimen y no aparecía en ninguno de mis documentos. Habría que incorporarlo también al informe de opinión, porque cambia el orden de las prioridades: sin una respuesta a ese número, ninguna propuesta de reforma del régimen es discutible en el plano nacional.
Los fondos 936 puertorriqueños muestran que estos regímenes sostienen partes de la economía local que no se ven hasta que desaparecen. En Tierra del Fuego identifiqué el canal fiscal, ingresos brutos que financian empleo público, pero no busqué otros: crédito, alquileres comerciales, proveedores de servicios, sistema de salud privado.